Abogado Litigación y Arbitraje

La disolución judicial de una sociedad de capital parte de la concurrencia de una causa legal de disolución de las previstas en el artículo 363 de la Ley de Sociedades de Capital (LSC), y requiere la tramitación de un expediente de jurisdicción voluntaria, que se se tramita ante la Sección Mercantil del Tribunal de Instancia de la provincia correspondiente al domicilio de la sociedad.

Debe tenerse en cuenta, no obstante, que el procedimiento judicial se agota con la sentencia de disolución y el nombramiento del liquidador por el Juez, de forma que todo el proceso de liquidación se desarrolla al margen del órgano judicial y con arreglo, exclusivamente, de la normativa mercantil prevista en la LSC.

Terminada la liquidación, debe someterse a los socios la aprobación de un balance final de liquidación; si ese acuerdo no se impugna, el proceso termina con el otorgamiento por el liquidador de la escritura de extinción de la sociedad y la cancelación de los asientos registrales.

La división judicial de una herencia puede tener lugar, bien porque un heredero no quiere permanecer en la situación de indivisión, bien en caso de conflicto entre los herederos sobre el modo de repartir los bienes, y requiere que la partición no haya sido realizada por el propio testador en el testamento o no se haya designado un contador-partidor.

Suelen ser procesos largos, que se inician, tras la presentación de la demanda y la contestación, con una comparecencia cuyo objeto es la formación del inventario de bienes.

Le sigue una Junta a la que son citados los herederos, los legatarios de parte alícuota y, en su caso, el cónyuge sobreviviente (debe tenerse en cuenta la posible necesidad previa de liquidar el régimen matrimonial existente), para la designación de un contador-partidor que se encargará de realizar las operaciones divisorias, y un perito que avalúe los bienes de la herencia.

Si no se formula oposición a las operaciones divisorias, el procedimiento termina con un Decreto del Letrado de la Administración de Justicia que aprueba tales operaciones, procediendo a su protocolización y la entrega de los bienes a los herederos y legatarios.

Las relaciones de vecindad son fuente de múltiples conflictos, de origen o naturaleza muy heterogéneos.

Los más frecuentes son los que tienen su origen en el impago de cantidades a la comunidad, los que derivan de la realización de actividades insalubres o incómodas que perjudican la paz y tranquilidad de los vecinos, y la impugnación de acuerdos adoptados por la Junta de Propietarios.

Para los supuestos de impagos, la LPH regula el proceso monitorio especial, que puede entablar la comunidad contra el propietario moroso.

Por su parte, la impugnación de acuerdos adoptados por la Junta de Propietarios procede en los casos de acuerdos que sean contrarios a la Ley o a los Estatutos, o gravemente lesivos para la comunidad en beneficio de uno o varios vecinos, o cuando causan un grave daño para un propietario que no tenga el deber de soportarlo o, finalmente, cuando se ha adoptado con abuso de derecho.

El legitimado para ejercitar la acción debe estar al corriente en el pago de los gastos a la comunidad.

La falta de pago de la renta es el principal quebradero de cabeza de los propietarios de bienes inmuebles urbanos que han alquilado su vivienda o local, y hay que saber cómo proceder ante las situaciones de impago.

La Ley de Arrendamientos Urbanos prevé el impago de la renta como uno de los supuestos en los que el arrendador puede dar por resuelto el contrato de pleno derecho. Lo anterior significa que, para resolver el contrato, no hay que ejercitar ninguna acción judicial, sino que el propietario puede resolver el contrato con una mera comunicación dirigida al arrendatario.

Ahora bien, dado que el alquiler lleva aparejada la posesión del inmueble para el arrendatario, si el inquilino no está conforme con la resolución o, directamente, resiste la salida de la vivienda o local, el propietario no puede intentar recuperar la posesión a la fuerza, sino que para ello deberá acudir a los tribunales ejercitando una acción de desahucio, cuyo objeto es recobrar la posesión del inmueble, pudiendo acumular a esta acción la reclamación de las cantidades dejadas de percibir del inquilino.

El inquilino puede evitar el desahucio (enervar) mediante el pago de lo que debe al propietario; precisamente para evitar esa enervación, o que el inquilino pueda eludir el desahucio de manera repetida, la Ley habilita un mecanismo que consiste en un requerimiento fehaciente dirigido al arrendatario para que pague, y que debe realizarse dentro del mes siguiente al impago.

En tales casos, si el inquilino paga ya no podré enervar el desahucio en una segunda ocasión; y si no lo hace antes de la presentación de la demanda, ya no podrá hacerlo durante el procedimiento judicial.

Si es propietario, conviene que se asesore legalmente para conseguir recuperar su posesión de manera legal y rápida.